El Consejo de Ministros aprobó el pasado
viernes diez de febrero, su “anunciada” reforma del mercado laboral en medio de
un gran secretismo, pues mucho se ha hablado de sus objetivos y muy poco de su
contenido amparándose en el "respeto institucional" para no divulgar
la letra pequeña de la reforma. Lo que, por descontado, ha generado un gran
malestar entre los sindicatos que aseguran que Empleo no les había hecho llegar
ningún documento sobre lo que pensaba aprobar el Gobierno.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya
había advertido de que la situación del empleo "empeorará" en 2012 y lanzó
el siguiente mensaje: la reforma laboral que ha diseñado el Gobierno será
"amplia, profunda, equilibrada y útil" para favorecer la
competitividad, la creación de empleo y la estabilidad laboral. Así mismo dejo
claro que era de esperar como respuesta una huelga general.
Se pretende con la reforma dar más estabilidad
al empleo; fomentar la formación a lo largo de toda la vida laboral, e
introducir una mayor flexibilidad interna en las empresas para que empresarios
y trabajadores puedan adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes
no se produzcan vía despidos.
Sin embargo, realmente ayudan a las empresas
facilitando el despido y reduciéndoles las penalizaciones por hacerlo. Además
de reducir la indemnización por despido que reciben los trabajadores y permitir
que los empresarios puedan aplicar expedientes de regulación de empleo sin
necesidad de autorización administrativa.
La reforma perseguirá además el impulso a la
participación del sector privado en la intermediación laboral ya que el sector
público solo consigue colocar al 3% de los parados, e incluirá medidas para
fomentar el autoempleo. Como la que permitirá que los jóvenes puedan
capitalizar el 100% de la prestación por desempleo, y no el 80% como hasta
ahora, si montan un negocio propio.
Sin embargo las administraciones, organismos y
entidades del sector público podrán invocar causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción para despedir. Es decir, hacer despidos por
causas objetivas similares a las que funcionan en las empresas privadas. No
podrán despedir a funcionarios, pero sí al personal laboral indefinido que haya
accedido a su puesto mediante oposiciones. El Gobierno justifica esta medida en
la necesidad de facilitar "el redimensionamiento" de las
administraciones que crecieron "desmesuradamente" durante la crisis.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, insistió
en varias ocasiones en que la reforma no tocaría los derechos consolidados de
los trabajadores, pero el contrato indefinido ordinario, de 45 días de
indemnización por año trabajado, desaparece. A partir de ahora, todos los
contratos indefinidos tendrán 33 días de indemnización por año trabajado.
Además los trabajadores serán despedidos inicialmente con 20 días de
indemnización y será el trabajador el que tenga que acudir a la justicia si
considera que ha sido despedido de forma improcedente.
No se si viven en el mundo al revés o lo
hacemos los demás, pero rara vez lo que dicen con palabras bonitas se
corresponde con la realidad de los trabajadores. En cualquier caso, se trata de
la segunda reforma laboral en menos de dos años, a la que hay que sumar la
reforma de la negociación colectiva en junio del año pasado y varios paquetes
de medidas. Ninguna de ellas ha conseguido, no ya crear empleo, sino evitar que
continúe la destrucción de puestos de trabajo, más bien al contrario. El paro
sigue en aumento y cada día los derechos de los trabajadores se ven reducidos en
favor de los intereses de los empresarios.
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